En México, el acceso a la salud no es un favor institucional ni una concesión administrativa; es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución.
El artículo 4° constitucional establece con claridad que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, lo que implica la obligación del Estado y de todos sus servidores públicos de brindar atención médica adecuada, oportuna y suficiente.
Esto significa que el actuar de médicos, enfermeros, personal administrativo y cualquier funcionario dentro de hospitales públicos debe regirse bajo el principio fundamental de garantizar la atención médica necesaria para cada paciente, incluyendo la realización de estudios, el seguimiento clínico y el suministro de medicamentos acordes al padecimiento.
Sin embargo, en la práctica cotidiana, no son pocos los casos en los que los pacientes enfrentan retrasos injustificados, omisión de estudios médicos, postergación de citas o la negativa de medicamentos bajo el argumento de falta de existencia. Ante estas situaciones, muchas personas desconocen que cuentan con herramientas legales eficaces para defender su derecho a la salud.
Si bien dentro de las instituciones públicas existen mecanismos administrativos como las quejas internas, estos procedimientos suelen resultar insuficientes cuando la urgencia médica exige una respuesta inmediata. En estos casos, el medio de defensa más eficaz dentro del sistema jurídico mexicano es el juicio de amparo indirecto.
El amparo permite solicitar la intervención del Poder Judicial cuando una autoridad pública vulnera derechos fundamentales, pudiendo ordenar de manera urgente la atención médica necesaria. No se trata únicamente de un procedimiento legal; en muchos casos, representa la diferencia entre agravar una enfermedad o preservar la vida.
Es importante destacar que la presentación de una demanda de amparo no tiene costo para la ciudadanía. El Instituto Federal de Defensoría Pública brinda asesoría y representación legal gratuita, elaborando estas demandas para personas que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado particular.
En el contexto actual, marcado por la reforma constitucional al Poder Judicial, surge con mayor fuerza la necesidad de que la justicia sea verdaderamente accesible para todas y todos. Pero la justicia no puede llegar a la sociedad si la sociedad desconoce sus derechos.
Informarse es el primer paso para defender la dignidad humana. Saber a dónde acudir y cómo exigir legalmente la atención médica puede significar no solo la protección de un derecho, sino incluso salvar una vida.
Para quienes habitan en el norte del estado de Sinaloa, la Defensoría Pública Federal se encuentra ubicada en:
Blvd. Adolfo López Mateos 2213, colonia Las Fuentes, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.
Por el Dr. Ramiro Ortega Gámez
