«Porque sin justicia fiscal la justicia social pende de alfileres.»
Las ONG’s presumen ser representantes de la sociedad civil y son legales porque tienen un fundamento en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, pero son ilegítimas desde el punto de vista ético y moral, porque no representan en los hechos los intereses de la sociedad, del pueblo, sino que son dispositivos jurídicos y políticos al servicio de la oligarquía nacional, para entre otras cosas distraer la atención en dos temas sustantivos que escuece a la plutocracia mexicana:
Una reforma laboral que empodere a la clase trabajadora y el rompimiento del techo de cristal financiero, con una reforma fiscal de fondo que transforme la estructura productiva del país y universalice los programas sociales, porque sin justicia fiscal la justicia social pende de alfileres.
Impuestos al patrimonio total y a las herencias incluidos.
Y eso, amigos, les aterroriza.
Además las ONGs, en su mayoría, son instrumentos políticos confeccionados por las élites para erosionar las instituciones del estado nacional y subnacional, con el claro objetivo de obtener ganancias de carácter político y económico; hay que ser muy estúpido para pensar que estas estructuras de poder están al servicio del pueblo, cuando analizas al detalle quienes las han promovido y las controla:
Multimillonarios de nuestra casta dorada, que operan en la sombra.
Algunos de ellos miembros conspicuos del renombrado club “de nuestros Barones Ladrones”.
Claudio X González (padre e hijo) promotores del frente amplio opositor al gobierno morenista y a su candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
Agustín Coppel Luken, opositor de López Obrador, diseñador y financiador de la Operación Berlín, cuyo objetivo en campañas de desprestigio en redes sociales en la candidatura presidencial de AMLO en 2018 ha sido documentado abundantemente.
Alberto Bailleres y sucesores dueños de la Minera Industria Peñoles y Palacio de Hierro; Daniel y Lorenzo Servitje, dueños de Bimbo y cuasimonopolista del pan industrial en México, promotores de la ultraderecha mexicana; Emilio Azcárraga Jean, accionista mayoritario de Televisa.
Para la definición de sus objetivos está claro que no consultan a la sociedad abierta, pero se esconden en temas que ellos mismos declaran sensibles a la ciudadanía, y con esos argumentos se presentan como adalides de la sociedad abierta. Nada más falso. Veamos.
La furibunda carta que Marlene León, la directora de la ONG Iniciativa Sinaloa -organismo ideado por el Grupo Coppel- hizo publicar en distintos medios de comunicación, está escrita de conformidad con el carácter intolerante que caracteriza a la señora ejecutiva.
El que esto escribe y a pesar de que Iniciativa Sinaloa presume de promover la defensa de la libertad de expresión, ha recibido de parte de la aludida, reclamos impertinentes de quien hipócritamente se dice defensora del quehacer periodístico.
Algo que ya he denunciado públicamente en tres artículos alusivos, en la revista Vida Pública.
La hipocresía es más notable cuando el organismo que preside se dice promotora de la trasparencia gubernamental y cuando te metes a la página para ver de donde viene el financiamiento que reciben, te encuentras solo con una gráfica en donde se indican “grosso modo”, los importes totales de las donaciones recibidas por un pequeño grupo de empresas y fundaciones internacionales, sin ningún detalle de analíticas en donde se pormenorice los gastos operativos de Iniciativa Sinaloa, es decir, en casa del herrero azadón de palo.
Eso sí, convenientemente, la página de dudosa transparencia, afirma categóricamente que a pesar de que la ley no los obliga a publicar el origen y el nombre de sus donantes, ellos lo hacen por “congruencia”.
Insisto, la página no informa nada a detalle, es una solo estrategia engaña bobos.
La rabiosa carta es contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusa de emitir infundios, difamaciones, y calumnias en contra de “una institución auténtica, objetiva y de carácter técnico como lo es Iniciativa Sinaloa”.
Sin embargo, la denuncia que se hace del gobernador de Sinaloa no es importante, lo realmente importante es lo ridículo e inoperante del “organismo ciudadano”, que informa lo siguiente:
Tiene 14 años que se constituyó y solo ha realizado 18 “investigaciones”, es decir 1. 2 investigaciones por año aproximadamente, algo en verdad patético, palabra que le fascina a la señora directora.
Aunado al evidente patetismo solo disimulado por los efectos de propaganda:
Ninguna de las rutilantes y feroces investigaciones a que alude la carta, derivó en denuncias penales por corrupción y esto es así, porque al “organismo de la sociedad” solo le interesa la publicidad, al igual que a su directora.
La alaharaca mediática y el desprestigio que puede acompañarle, sobre todo en épocas electorales que es cuando más “comprometidos con la sociedad se encuentran”.
La capacidad de convocatoria de la señora León es notable y sospechosa a la vez, salvo Artículo 19, organismo defensor de periodistas, cuya matriz está en Londres todos los “organismos” abajo firmantes están adscritos a lo oligarquía, a las élites económicas, que no quieren soltar la correa de mando en los destinos de nuestro país.
En los países desarrollados política y económicamente estos organismos no existen bajo la lógica tramposa que aquí los anima:
Arietes políticos embozados en falsos organismos ciudadanos, algo muy propio de nuestro Neoliberalismo Bananero, que también ha implementado los “organismos autónomos del estado mexicano” con una clara idea de que los privados colonicen la “vida pública mexicana” ante las supuestas insuficiencias del estado nacional.
Y sobre este tema abundaré en mi próxima entrega.
