Autor: Santiago Romero

Culiacán, Sinaloa.- Con el objeto de salvaguardar el bienestar y derechos de niñas, niños y adolescentes, por unanimidad el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas para quitar la patria potestad a los feminicidas de la madre de sus hijas o hijos, llamada también “Ley Monzón”.
Con estas reformas la patria potestad se perderá por resolución judicial cuando el que la ejerza sea condenado por delito de feminicidio en contra de la madre de niñas, niños y adolescentes.

Con estas reformas al Código Familiar del Estado de Sinaloa la patria potestad también se suspenderá por auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio o su tentativa en contra de la madre de niñas, niños y adolescentes.
En la reforma al artículo 134 Bis se establece que quien cometa el delito de feminicidio perderá todo derecho con relación a las y los hijos de la víctima, garantizando el interés superior de la niñez en términos de lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La “Ley Monzón” en memoria de la abogada penalista y activista de derechos humanos de mujeres Cecilia Monzón Pérez, asesinada a balazos el 21 de mayo de 2022, dejando huérfano a un niño de tan sólo cuatro años de edad.
El Pleno aprobó reformas a las fracciones IX y X del artículo 380; y las fracciones II y III del 384; y se adicionan la fracción XI al 380; y la fracción IV al 384 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, y reforma el penúltimo párrafo del artículo 134 bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
El Pleno aprobó dictamen de la Comisión de Igualdad de Género y Familia el cual fue elaborado por iniciativa presentada por la diputada del PRI Concepción Zazueta Castro y por las legisladoras de Morena, Almendra Ernestina Negrete Sánchez y Felicita Pompa Robles.

Culiacán, Sinaloa.- En el Congreso del Estado de Sinaloa nunca nos hemos planteado sancionar las libertades, la preocupación es tener legislaciones que propicien una mejor convivencia en la sociedad, aseguró el diputado Feliciano Castro Meléndrez a participantes de los conversatorios sobre terapias de conversión.
Incluso propuso, y obtuvo el apoyo, para que estos conversatorios concluyan el próximo lunes a las 11:00 horas con una reunión en la que se presenten propuestas concretas sobre el proyecto de Decreto que ya se tiene sobre los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual.

A convocatoria de la Junta de Coordinación Política, este lunes se tuvieron dos conversatorios sobre este tema y que se llevaron a cabo en diferente hora.

En uno participaron representantes de organismos defensores de la familia y representantes religiosos, así como alumnas de sicología, y, en el otro, representantes de diversos grupos de la comunidad LGBTTIQ+.

El diputado Feliciano Castro aseguró que es convicción de la Junta de Coordinación Política reunirse con los diversos organismos interesados en el tema que también se conoce como “terapias de conversión”.

Aunque ya hay un dictamen elaborado al respecto, aclaró que el proceso legislativo no termina en este documento, pues no hay una reforma ya aprobada a las diversas leyes contempladas en el Decreto propuesto.

Es en el Pleno del Congreso, precisó, donde se abre el debate y donde se aprueban, rechazan o se modifican los dictámenes.

Asimismo, expuso que es necesario legislar sobre los derechos de las minorías, pero aclaró que debe determinarse sobre qué conceptos y que filosofías, y también respetando los parámetros de carácter constitucional, como el libre desarrollo de la personalidad.

De igual manera señaló que se tienen que acatar los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca, como la del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que prevalece por encima de los intereses de los padres.

“Qué contenido le damos, ahí es donde cabe la diversidad de ideas y de planteamientos”, precisó.

Para aterrizar las opiniones y propuestas de las y los participantes en los dos conversatorios, el diputado Feliciano Castro propuso, y se acordó, que el próximo lunes se continúen los trabajos de este día, pero presentando ya propuestas concretas que enriquezcan el dictamen que se tiene.

En los conversatorios también participaron las diputadas y diputados, Alba Virgen Montes Álvarez, Cinthia Valenzuela Langarica, María Guadalupe Cázares, Celia Jáuregui Ibarra, Giovanna Morachis Paperini, Adolfo Beltrán Corrales, Felicita Pompa Robles, Gloria Himelda Félix Niebla, Cecilia Covarrubias González, Luis Javier de la Rocha Zazueta, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Serapio Vargas Ramírez, José Manuel Luque Rojas, Concepción Zazueta Castro y Juana Minerva Vázquez González.

Culiacán, Sinaloa.- No entiendo lo que aconteció en la diligencia o el acto procesal que ordenó un juez penal para el esclarecimiento de los hechos en las causas penales que se le siguen al rector de la UAS Jesús Madueña Molina y a su abogado general Robespiere Lizárraga.

Concedida y obsequiada la orden de cateo que la fiscalía solicitó con el específico objetivo de permitir el ingreso de los peritos contables nombrados por la representacion social ( FGE) , para que estos especialistas revisaran la documentación física necesaria y las bases de datos o registros computacionales, con el fin de robustecer la denuncia por abuso de autoridad, la fiscalía debió solicitar el auxilio de la fuerza pública con el rompimiento de candados y cadenas, como normalmente se autoriza en los cateos para su debida materialización; incluso, los cateos son sorpresivos y sigilosos no se telegrafian, como en el presente asunto.

De otra suerte son nugatorios, entiendase, inútiles, ineficaces. Pueriles y hasta ridículos. Cualquier abogado con mediana instrucción y práctica jurídica lo entiende así.

A los ladrones no se trata con algodones. Se les juega con sus mismas armas, pero dentro del marco de la ley. La sorpresa y la contundencia no son ilegales, son recursos legítimos de las intituciones de impartición y procuración de justicia. Un cateo que deviene en un parto de los montes, pone en entredicho las capacidades institucionales y personales de la Fiscalía y de la Fiscal, Sara Bruna Quiñones otrora denominada “ jueza de hierro”, por su actuación inflexible en el caso de corrupción en contra del malovista Armando Villarreal, ex Secretario de Finanzas del tristemente célebre MALOVA.

Proporcion guardada, recapitulemos el juicio por sustracción de documentos y obstruccion de la justicia por parte del ex presidente gringo Donald Trump. El fiscal o District Attorney que llevaba el asunto en Nueva York, para darle mayor solidez a su denuncia en contra del “ agente naranja” solicitó un cateo a realizarse en el domicilio de Trump en su residencia de Maralago, en la Florida, cateo que se realizó sigilosamente y de forma contundente en la propiedad y posesiones de un ex presidente del país mas poderoso del mundo.

Aquí, en nuestras latitudes, las “ autoridades” universitarias y su enorme aparato mediático han dicho , perversamente, que la fiscalía solicitó los cateos por carecer de pruebas contundentes en contra de los dos imputados/ procesados. Un cateo es un acto de indagación en un sitio privado o institucional. La UAS, es una institucion que se debe ceñir al marco de la ley. La cacareada autonomía no es kriptonita que impida la actuación o la realización de un mandato judicial. El rector Madueña no tiene fuero, ni tampoco su director jurídico. Son ciudadanos comunes y corrientes, amparados por un escudo mediatico que han convertido a la UAS, y a sus personas en excepciones a la ley, de la que no gozamos la gente de a pie. Y lo mas grave : es un indebido proceso legal a su favor y en contra de los intereses generales de la sociedad. La victimización sin causa sigue su curso. Legal y mediáticamente se han blindado, como si fueran ciudadanos de excepción, en lugar de ser juzgados como delincuentes de cuello blanco, que parece ser su exacta denominación, por mas porras y vivas que les acompañan durante este tortuoso asunto. Asunto preocupante: en Sinaloa, no debe de prevalecer la impunidad en contra de los poderosos, y la aplicación de la ley a rajatabla, a los que carecen de poder político. Madueña y Lizárraga hacen gala de su poder y se burlan de las instituciones de impartición y procuración de justicia. El show debe de terminar. La ley es la ley tope donde tope. Por mas que ese tope se autonombre como autonomía impune que cobija a una pandilla de delincuentes de cubículo que sin dilación tendrían que ser sometidos al imperio de la ley.