COLUMNA: Alejandra Reyes, activista feminista en Sinaloa.
Históricamente en México contamos con un antecedente que nos muestra cómo se permeó la normalización de las uniones de niñas y adolescentes con hombres mayores de edad o de edad avanzada, llegando incluso no sólo a normalizarse como parte de la cultura mexicana, sino también a romantizarse. Y es necesario iniciar estas líneas dejando claro que no son historias de “amor” ni prácticas “naturales o normales” son historias de infancias destruidas y de violaciones que llegan a quedar sin sanción penal. Entre los motivos; el desconocimiento de los casos que no se denuncian; la normalización en comunidades rurales y los usos y costumbres; el encubrimiento familiar; redes de trata de personas; omisiones institucionales; entre otros.
En esta columna hablaremos sobre la realidad social que enfrentan miles de niñas y adolescentes en nuestro país, pese a que en México existe un amplio marco jurídico para la protección de las niñas, niños y adolescentes en la cual se enmarca que deben de prevalecer sus derechos humanos y el interés superior de las y los menores. Y que incluso está prohibido el llamado matrimonio infantil en nuestro país, no permitiéndose la unión legal con menores de 18 años.
Pero, es necesario tener en claro que aunque estas uniones no se puedan ya establecer de manera legal, siguen existiendo de manera informal. Sin papel de por medio, pero si en las vivencias diarias de quienes son víctimas.
Durante el 2021, quien fungía como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez alertó que con base a datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), cada día nacían más de mil bebés de niñas y adolescentes, registrándose en el año 2020, 373 mil 611 nacimientos en menores de 18 años, de los cuales 8 mil 876 fueron adolescentes de entre 12 y 14 años. Para el 2021 la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que en México se registraron 10 mil embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años.
Actualmente una lista fundamentada en la Secretaría de Salud Federal visibiliza 30 casos de niñas de entre los 10 y 12 años que gestaron embarazos hasta su término (parto) durante el año 2024… Los responsables son hombres que rondan entre los 30 y 65 años de edad.
Entre los casos podemos observar el de una niña de 10 años, residente del municipio de Texcoco, Estado de México, quien resultó embarazada por una violación – porque aquí le llamaremos al acto por su nombre – cometida por un hombre de 32 años. Otro de los casos que se visibilizan en estas listas es el de una menor de 12 años del municipio de El Oro, Estado de México, el sujeto involucrado tiene 65 años, llevándole 53 años de diferencia a la adolescente.
Como los casos ya mencionados también se enlistan otros 28 que involucran a muchos otros estados del país; Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Hidalgo, Colima, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Nuevo León.
Citlalli Hernández Mora, actual Secretaria de las Mujeres de México, informó que en lo que va del 2025 se tiene un registro en el Banco Nacional de Atención a Violencia de 400 casos de este tipo en todo el país, recalcando que posiblemente existen otros casos que seguramente no están registrados.
Por su parte la presidenta de la república mexicana, Dra. Claudia Sheibaum Pardo señaló que es necesario que los hospitales denuncien los casos de embarazos que involucran a menores de edad para que sean investigados como lo que son; delitos.
Resultado de estos hechos se gestan embarazos que son resultados de violaciones a infancias y menores, son delitos que merecen ser sancionados con todo el peso de la ley en nuestro país.
Estas historias van más allá de estadísticas, de una lista. Son vidas, infancias destruidas, violaciones cometidas.
Es claro precisar que la legislación mexicana sanciona estas conductas. El Código Penal Federal establece en su artículo 266 que en caso de violación a menores de 18 años se sancionará con medidas privativas de la libertad durante periodos de entre 8 a 30 años. Como parte de las agravantes del delito se encuentra cuando se tiene un parentesco sanguíneo o por afinidad con las víctimas (de acuerdo a cada lineamiento que señala la norma).
Tras una reforma al CPF en el año 2023 se estableció que el abuso sexual y violación contra menores es imprescriptible, estando estos remarcados en los artículos 261, 262 y 266 de dicho Código, lo cual significa que a partir de la reforma estos casos podrán ser denunciados sin importar la cantidad de años que pasen desde que se cometió el delito. Las víctimas tendrán del derecho a buscar justicia, pese a que no se haya denunciado de manera pronta el delito.
Pese a que el Registro Nacional de Agresores Sexuales ya no es de orden público, tras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalara que el que fuese público violentaba los derechos humanos y la presunción de inocencia de las personas sentenciadas por este delito. La realidad social y las estadísticas de las comisiones de los delitos de violación y agresiones sexuales a menores nos muestran la cruda situación por la que ha atravesado y atraviesa nuestro país, mostrando un índice social de agresores sexuales que radican en nuestro territorio.
Indudablemente si queremos erradicar estos abusos y agresiones sexuales normalizadas necesitamos llevar a cabo un trabajo integral entre sociedad e instituciones, donde se fortalezca la cultura de la denuncia, a no guardar silencio cuando somos espectadores de estas historias, donde no se deje en abandono social e institucional a quienes son víctimas.
Estos hechos marcan la vida de las niñas y adolescentes que los viven, creando mayor violencia, desigualdad, violación a sus derechos humanos, nulo acceso a la educación, explotación y trauma psicológico y emocional que llegan a padecer de por vida. Las agresiones sexuales son huellas que no se borran, no se olvidan y destruyen sueños e inocencias…
