Día: 9 de noviembre de 2026

Culiacán, Sinaloa. La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad los dictámenes que aprueban las cuentas públicas de 14 municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Asimismo, también por unanimidd, no aprobó las de dos municipios: Escuinapa y Elota.

Los municipios cuyas cuentas públicas fueron dictaminadas favorablemente son los de Concordia, Cosalá, Culiacán, El Fuerte, Eldorado, Guasave, Juan José Ríos, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa.

Participaron en esta reunión de trabajo las diputadas y diputados Erika Rubí Martínez Rodríguez, Roxana Rubio Valdez, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, Karla Daniela Ulloa Rodríguez, Luz Verónica Avilés Rochín y Víctor Antonio Corrales Burgueño, presidenta, secretaria y vocales, respectivamente.

En el caso del municipio de Elota, cuyo dictamen desaprueba sus cuentas públicas, se observa que se registra una insuficiencia financiera para el pago de pasivos, que superan los 20 millones 350 mil pesos.

Asimismo, la Auditoría Superior del Estado señala que hay 13 millones 973 mil pesos por recuperar.

Entre otras observaciones están las de no reintegrar recursos bancarios, pagos de anticipos a proveedores sin comprobar y sin realizar las gestiones para su recuperación y pago por anticipo de indemnización, también sin comprobar

En el rubro de obra pública, se observaron pagos por obras no ejecutadas, pago por obra que no cumple especificaciones técnicas y pago de obra de mala calidad.

Adicionalmente se observa que el 94.12 por ciento de las obras públicas realizadas fueron adjudicadas de manera directa, sin concursarlas.

De igual manera se observa que el monto de la deuda de este municipio creció en un 289.2 por ciento, en comparación con el año fiscal 2024.
En el caso de Escuinapa se registran pasivos por 47 millones 413 mil pesos que no tienen fuente de pago.

Asimismo, la Auditoría Superior del Estado señala que hay 16 millones 543 mil pesos de probable recuperación.

Entre otras observaciones están la no reintegración de recursos públicos, pagos por concepto de pagos por comprobar, sin comprobar y sin recuperar, pago por asesoría en derecho sin evidencia de lo realizado, pago por musicalización de fiestas patrias sin evidencia, pagos por sentencias de laudos sin las sentencias ni aval del Cabildo y pagos por construcción de enramadas para las Fiestas del Mar de las Cabras sin documentación ni evidencias justificativas.

En el rubro de obra pública se detectó que se hicieron pagos por obra no ejecutada, por obra no documentada, por obra que no beneficia a la población objetivo y pagos de obra en exceso.
Se observa también que la adjudicación directa de la obra pública fue del 93.18 por ciento.

Los restantes 14 municipios, si bien sus cuentas públicas fueron dictaminadas favorablemente, también registran algunas observaciones, pero con la aclaración de que su aprobación no suspende los trámites de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado.

Entre las observaciones que se repiten en algunos municipios están las de tener un elevado porcentaje de adjudicación directa de las obras públicas, que en el caso de Concordia fue del 100 por ciento, lo que implica que no se concursó ninguna.

En la mayoría de estos municipios se observa insuficiencia financiera para el pago de pasivos, con excepción del de Culiacán, que sí tiene suficiencia financiera.

En obras públicas también se observa, en algunos casos, el pago de obra no ejecutada, pago de obra no documentada o que no beneficia a la población objetivo, que es el caso de introducción o ampliación del servicio de energía eléctrica y que no ha sido conectada por la Comisión Federal de Electricidad, entre otras observaciones.

Un rescate financiero es lo que necesita la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Este fue el llamado que hicieron integrantes de la comunidad Del Bien Hacer a las autoridades federales, al señalar que los adelantos y préstamos recibidos hasta ahora no resuelven el déficit presupuestal estructural que enfrenta la institución, y que se requieren recursos extraordinarios para garantizar su viabilidad financiera.

Durante el posicionamiento, el doctor Giovanni Azael Chávez Piña, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, explicó que entre las principales causas de esta problemática se encuentran el crecimiento del presupuesto por debajo de la inflación, la falta de recursos extraordinarios federales, un subsidio por estudiante inferior al promedio nacional y prestaciones económicas que no están reconocidas en los convenios de apoyo financiero. En ese sentido, señaló que la universidad requiere un respaldo que atienda estas condiciones estructurales.

«Necesitamos un rescate financiero y, obviamente, la provisión de esos recursos extraordinarios que antes se dotaban con regularidad», indicó.

El académico detalló que, de acuerdo con las cifras institucionales, la universidad registra un déficit presupuestal estructural anual de 1 600 millones de pesos. Asimismo, indicó que el 94 por ciento de su presupuesto se destina al pago de nómina, de la cual 2 700 millones de pesos corresponden al pago de jubilados. Precisó que para concluir el ejercicio fiscal 2026 requiere 1 380 millones de pesos extraordinarios, de los cuales 840 millones corresponden al pago de aguinaldos y 540 millones a las dos quincenas de diciembre.

«Ya no necesitamos más préstamos ni adelantos, necesitamos los recursos extraordinarios», reiteró.

Chávez Piña también destacó que la comunidad universitaria ha asumido diversos esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad institucional, entre ellos la reingeniería financiera y administrativa, la compactación de facultades y las aportaciones al fideicomiso de jubilación. Reconoció que estas medidas han representado sacrificios para trabajadores activos y administrativos; sin embargo, sostuvo que, pese a las dificultades económicas, la universidad ha mantenido sus funciones sustantivas en materia académica, investigación, cultura y deporte.

Desde la trinchera académica, la doctora Cecilia Arellano Morales, docente de la Facultad de Enfermería Culiacán, manifestó que la institución ha cumplido con la reingeniería institucional solicitada en el marco de las orientaciones de las autoridades educativas federales, por lo que consideró necesario que también se concrete el respaldo económico correspondiente. Asimismo, defendió la cobertura universal y la continuidad de los servicios educativos.

«La Universidad Autónoma de Sinaloa ya hizo la tarea que le correspondía. Ahora necesitamos que el respaldo financiero también se traduce en ello», señaló.

Por su parte, Alberto Quintero, docente y administrativo de la Facultad de Informática Culiacán, se sumó al llamado para que se atiendan los compromisos financieros con la educación superior pública, al advertir que la falta de recursos puede afectar tanto la estabilidad laboral de miles de familias como la calidad educativa.

Los integrantes de la comunidad Del Bien Hacer reiteraron su respaldo a las gestiones del rector, el doctor Jesús Madueña Molina, ante las instancias estatales y federales, con el propósito de alcanzar una solución financiera que permita a la UAS continuar cumpliendo su compromiso educativo y social con Sinaloa.