Por: Ricardo Espinosa de los Monteros Zazueta.
Es cierto que la autonomía de las 40 universidades públicas en México es una conquista vuelta categoría y valor irrenunciable para la la libre gestión universitaria en sus distintos ámbitos, a saber: libertad de cátedra, autogestión administrativa y del patrimonio institucional, libertad de pensamiento y libre gestión presupuestal, sí, pero exenta de corrupción, trampa u opacidad.
La actual autonomía universitaria es una verdad sospechosa, por que la UAS no es libre ni mucho menos autónoma, ya que es controlada absolutamente por un ente extraño a su comunidad original, cómo está acreditado ampliamente a lo largo y ancho de Sinaloa. De eso no hay ninguna duda. Por eso alegar que la nueva Ley de Educación Superior que pretende modificar el sistema electivo del rector y otros temas, viola la autonomía universitaria es un falso argumento, por que en los hechos demostrables ya está violada. No se puede abrir una puerta cuando está ya está abierta de par en par, válgame la analogía.
Pero también es cierto que fundamentalmente , las universidades públicas se financian con el erario público que se conforma con los impuestos que en su mayoría de los mexicanos pagamos y se deben de transparentar con máxima publicidad.
Tener autonomía no implica soberanía absoluta, por encima de los estados nacionales o subnacionales ( estados), y mucho menos, suplir la soberanía constitucional y constitutiva del estado nacional: la soberanía popular.
A mi juicio las universidades no pertenecen a la “ comunidad universitaria” – estudiantes, maestros y administrativos- como se insiste en distintos ámbitos de opinión y por distintos actores políticos y sociales. “ La comunidad” es gestora de los intereses y tareas sustantivas y procesales de las universidades, pero no son “ dueños soberanos”. La universidad, y la de Sinaloa, no es la excepción, pertenece al pueblo y a él se deben, sostener lo contrario es pretender establecer un estado dentro de otro estado, de manera excepcional y eso no está contemplado en nuestra carta magna.
El rector Jesús Madueña y sus asociados han tomado la autonomía como una fortificación metaconstitucional para evitar el paso de la justicia fiscal y administrativa, y con una peligrosa necedad han llevado el asunto a extremos inimaginables. La falta de autonomía en la UAS es un amplio expediente documentado en nuestros medios de comunicación.
Los elementos de convicción de esa realidad inobjetable han sido pulcramente documentados por dos investigaciones hechas por los dos grandes diarios sinaloenses: El Debate y Noroeste. Hasta este momento en que redacto este artículo, esas investigaciones no han sido desvirtuadas por las autoridades universitarias: el 80 por ciento de los consejeros del Consejo Universitario son miembros activos del Partido Sinaloense del que el rector Madueña es miembro activo y fundador.
Ese cuerpo asambleístico a su vez controla la Comisión de Postulación de donde sale el rector. Con esos instrumentos de control, el grupo político de Madueña ha impuesto 3 rectores: Antonio Corrales Burgueño ( 4 años) Juan Eulogio Guerra Liera ( 8 años), al actual rector Jesús Madueña Molina, y si agregamos los 4 años de Héctor Melesio Cuén Ojeda, este grupo compacto ha controlado la UAS por casi 18 años.
Una de las más delirantes justificaciones para seguir controlando la universidad a su soberbio arbitrio, es el argumento rupestre, pero convenenciero, de que a raíz de la nueva forma de elegir rector ( en petit comite), la universidad ha sufrido una “ transformación radical”. Lo anterior, válgame la analogía, es como si un empleado de una empresa, presumiendo de eficiente y productivo se arrogara el derecho de quedarse con bienes de la compañía, en pago de sus buenos oficios.
Algo parecido pero de mayores proporciones está aconteciendo en la UAS: sus recursos económicos son manejados con un criterio patrimonialista en beneficio de una poderosa y enriquecida elite. Hay datos preliminares que indican, que durante la pandemia, las autoridades de la UAS gastaron 18 millones de pesos en compras de tortillas cuando las casas de estudiantes estaban cerradas, lo que ilustra el enorme desaseo financiero en su interior.
Concedamos que la UAS ha tenido importantes cambios en términos de organización, en comparación con los convulsos y polititizados años 70s y 80s, sin embargo eso no es motivo suficiente para que literalmente un grupo político, se haya “ escriturado a su nombre” nuestra máxima casa de estudios, controlando corporativamente todas las estructuras de poder de la UAS, incluso a sus mismos sindicatos, que están fundidos en los mismos intereses que sus patrones políticos, algo inédito en nuestra vida pública.
La élite que controla la universidad está defendiendo con uñas y dientes su coto de caza. Una poderosa maquinaria propagandística con cargo a los impuestos de los sinaloenses ha confeccionado una campaña de desinformación, tratando de tapar el sol de las evidencias con el dedo de la publicidad. En la cancha legal, están utilizando la figura jurídica del amparo con efectos meramente dilatorios y chicaneros. Próximamente veremos un nuevo cúmulo de amparos propuestos en lo personal por numerosos funcionarios universitarios, la mayoría obligados a firmar bajo amenaza de cancelar sus carreras académicas, con el único objetivo de ralentizar el paso de la justicia fiscal y financiera.
El maxiproceso.
Con los anteriores antecedentes y habida cuenta de la rebeldía del rector Madueña a rendir cuentas a la sociedad, se prevé que en breve dará inicio un maxiproceso o algunos de sus elementos sustantivos , en contra del grupo que controla a la universidad. Para esto, es importante definir que es un maxiproceso:
El término se refiere a un esfuerzo de coordinación entre distintas autoridades administrativas, de procuración de justicia y jueces de control, para situar procesos judiciales en el contexto de una estructura criminal organizada, en lugar de gestionarlos como crímenes individuales. Tratándose del asunto de la UAS se prevé que la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Pablo Gómez, la Fiscalía General de la República que dirige Alejandro Gertz Manero, el Sistema de Administracion Tributaria ( SAT) de la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior del Estado, tomen cartas en el asunto, para alumbrar la ruta del dinero, la genealogía y el destino de los recursos que el rector Madueña se niega a transparentar. En los últimos 17 años la élite empoderada en la UAS ha manejado al menos 120 mil millones de pesos de recursos federales y locales auditables y pesos más pesos menos, 4000 mil millones de recursos propios sin auditar.
Una y otra vez, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya les tiro un salvavidas, y lo batearon hasta que se hartaron. Que estupidez. Le pisaron las gonadas al tigre. Ahora se subirán al ring con los rudos del circuito que son quebranta huesos. Que mal cálculo y sobre todo que soberbia. ¿ Habrá oportunidad de un pacto rosalino terso para una transición pactada en la UAS? Parece muy tarde, pero ojalá y sí.
