Maribel Chollet, regidora por Mazatlán y PRI Sinaloa presentan solicitud de auditoría forense ante ASE y denuncia penal ante FGE por presuntas irregularidades en licitación de camiones recolectores en Mazatlán
Culiacán, Sinaloa, jueves 18 de junio de 2026.- Maribel Chollet, regidora por Mazatlán y el área jurídica del CDE del PRI en Sinaloa presentaron formalmente una denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como una solicitud de auditoría específica con enfoque financiero, de cumplimiento normativo, de desempeño y, en su caso, forense ante la Auditoría Superior del Estado, relacionadas con la Licitación Pública Nacional MMOM-LP-06-2026, instrumentada por el Ayuntamiento de Mazatlán para la adquisición de cuatro camiones recolectores de basura nuevos para el Departamento de Aseo Urbano, por un monto públicamente referido de 17 millones 799 mil 040 pesos.
La acción institucional se funda en la existencia de datos e indicios que ameritan una investigación seria, objetiva y exhaustiva, particularmente por la presunta aparición de cuatro unidades recolectoras rotuladas con imagen institucional del Ayuntamiento de Mazatlán y con la leyenda “Mazatlán te quiero limpio” antes de la emisión formal del fallo de la licitación. Ese hecho, de confirmarse, no puede ser reducido a una simple irregularidad visual o administrativa, pues podría revelar preparación material previa, uso anticipado de imagen institucional, acceso a información no pública, comunicación indebida entre servidores públicos y particulares, ventaja competitiva indebida, simulación de competencia o eventual formalización posterior de una decisión previamente adoptada.
El PRI Sinaloa sostiene que la investigación debe reconstruir la trazabilidad completa de la operación: convocatoria, bases, anexos técnicos, actas, diferimiento del fallo, propuestas, dictámenes, fallo, contrato, suficiencia presupuestal, facturas, pagos, recepción, inventario, resguardo, rotulación, ubicación física de las unidades, origen comercial de los camiones, taller que realizó la rotulación, autorizaciones de imagen institucional, comunicaciones internas y externas, así como posibles vínculos familiares, societarios, comerciales, de representación, apoderamiento o beneficiario controlador entre las empresas participantes.
La finalidad no es anticipar responsabilidades, sino impedir que un procedimiento de contratación pública quede cerrado únicamente por la apariencia documental del expediente, cuando existen indicios que obligan a verificar si hubo competencia real, imparcialidad, transparencia y legalidad.
La denuncia penal solicita que el Ministerio Público investigue, entre otras posibles hipótesis, desempeño irregular de la función pública, negociaciones ilícitas, abuso de autoridad, peculado en caso de acreditarse disposición o aplicación indebida de recursos públicos, cohecho si aparecen dádivas o beneficios indebidos, tráfico de influencia, promoción de conductas ilícitas por particulares, cohecho cometido por particulares, falsedad o alteración documental, ocultamiento, destrucción, modificación o uso ilícito de documentos, así como cualquier otra conducta que resulte de los actos de investigación. Por su parte, la solicitud de auditoría forense busca que la Auditoría Superior del Estado revise la legalidad, razonabilidad, trazabilidad financiera, suficiencia presupuestal, destino de recursos, cumplimiento normativo y posible afectación al patrimonio público municipal.
El PRI Sinaloa reitera que la contratación pública no puede operar como un espacio de opacidad, simulación o discrecionalidad, porque los recursos municipales pertenecen a la ciudadanía y deben administrarse bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, imparcialidad y legalidad. En ese sentido, el partido dará seguimiento puntual a las actuaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Auditoría Superior del Estado, exigirá que se preserve la documentación física y digital relacionada con la licitación, y mantendrá una postura firme para que cualquier posible irregularidad administrativa, patrimonial o penal sea investigada hasta sus últimas consecuencias, con respeto al debido proceso y sin encubrimientos institucionales.
La regidora priista también informó que presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) una denuncia por presuntas irregularidades en la integración de la estructura administrativa del Ayuntamiento de Mazatlán, al considerar que existen incumplimientos a los principios de igualdad y paridad de género establecidos en la legislación vigente. Señaló que es indispensable garantizar una conformación equitativa y respetuosa de los derechos político-electorales de las mujeres, por lo que solicitó la intervención de la autoridad competente para revisar y, en su caso, corregir las posibles inconsistencias detectadas.
