“Un gobierno que le cumple al pueblo no tiene ningún temor de someterse a las urnas en una consulta a la ciudadanía”, aseguró el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa.
Destacó que con la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya, que propone expedir la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Sinaloa, se establece la máxima popular en Sinaloa de “el pueblo pone, el pueblo quita”.
De manera personal, consideró que no sólo debe ser el Presidente de la República y los gobernadores, sino también los presidentes municipales y los diputados locales quienes se sometan a esa consulta ciudadana a la mitad de su período.
Informó que al interior del Grupo Parlamentario de Morena ya se discuten propuestas para que se aplique este ejercicio democrático a presidente municipales y diputados locales.
“Cada vez que hay elecciones mediante el voto la gente elige a un gobernador, a un presidente, pero el voto no es un cheque en blanco, sino está condicionado a los compromisos que se establecieron durante la campaña electoral, a las circunstancias que cursa la sociedad. Si ese gobernante no cumple, ese presidente, pues el pueblo no está obligado a soportarlo seis años”, dijo para explicar la revocación de mandato.
“Si cumple, el pueblo puede decidir que continúe gobernando”, expuso. “La revocación es: como no estás cumpliendo, te retiro la posibilidad de que sigas gobernando. Esa es la revocación y es un derecho consagrado en la Constitución que le asiste al pueblo”.
Recordó que en 2023 el Congreso hizo una reforma a la Constitución local por iniciativa del gobernador para establecer la revocación de mandato en Sinaloa y en 2024, también a propuesta del Ejecutivo estatal, se cumplirá con la ley que reglamenta ese proceso de consulta al pueblo, lo cual obedece a una política promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Feliciano Castro Meléndrez confirmó que la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Sinaloa será aprobada antes de que culmine el actual período de ordinario el 31 de enero y se aplicará después del tercer año de gobierno del doctor Rubén Rocha Moya.
“Reconozco el compromiso que tiene el gobernador para que el pueblo participe directamente en la vida pública de Sinaloa y someterse a una evaluación del pueblo. Eso es lo que busca el gobernador y me parece un acierto”, expresó.
Al advertir que la Ley reglamentará el proceso de revocación de mandato, precisó que Sinaloa tiene un padrón de poco más de dos millones de electores y para la realización de este ejercicio se instalarán urnas para que el ciudadano con su credencial de elector decida si el gobernante sigue o se va.
Aclaró que para que el proceso se realice, a partir del cierre del tercer año de la administración, la ciudadanía interesada debe hacer una solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), respaldada por firmas en un número equivalente al menos del diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la entidad, en por lo menos once municipios. “Estaríamos hablando de 200 mil sinaloenses”, dijo.
“Al IEES le corresponde emitir la convocatoria noventa días después y organizar todo el proceso”.
Afirmó que este ejercicio es saludable políticamente hablando porque fortalece la vida pública y la democracia. “A partir del 2018 hemos asistido a una emergencia para fortalecer la participación ciudadana en la vida pública”, dijo.
“Antes la política se reducía al ejercicio de una pequeña élite y lo que se definía en la política entraba a la cocina de cada casa y tenía que ver con salarios, salud y educación, entre otros temas”, refirió.
“La ciudadanía participa en la democracia indirecta donde se nombra un representante y de manera directa con este tipo de consultas que fortalecen la participación ciudadana de manera directa”, sostuvo. “Que sea la gente que vive todos los días los problemas la que pueda decir: no estás cumpliendo, te vas”.
Aclaró que para que el proceso de revocación de mandato sea vinculatorio debe participar el 40 por ciento del padrón electoral, en el que la mayoría se pronuncie para que el gobernante se retire o siga.
