Culiacán, Sinaloa. – El gobernador electo de Sinaloa Rubén Rocha Moya, dijo que el decreto propuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que se le otorgaría la libertad a las personas ingresadas en penales que no hayan cometido delitos graves, pero que tienen 10 años recluidos sin sentencia, o en el caso de adultos mayores en ciertas condiciones «tiene un gran sentido humanitario».
En entrevista con un medio nacional, el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destacó que este decreto que aún está en fase de propuesta tiene tres elementos centrales: uno es el tema de los procesados a quienes no les han dictado sentencia y tienen más de 10 años en prisión, «pero de acuerdo con la Constitución artículo 20, apartado B – dijo- ningún procesado puede estar en prisión preventiva más de 2 años entonces, ese es un elemento constitucional que se debe tener en cuenta, y que seguramente atenderlo, es lo busca el presidente”.
Agregó que un segundo elemento “tiene que ver con el sentido humanitario, el cual prevé la Ley Nacional de Ejecuciones Penales en su Artículo 146, que dice que la autoridad penitenciaria que depende del Ejecutivo, podrá liberar de manera anticipada a uno o un grupo de presos siempre y cuando sean adultos mayores de 75 años en ciertas condiciones, y finalmente el tercero se refiere o poder liberar a mayores de 65 que padezcan enfermedades crónico degenerativas». Cabe recordar, que todo ello, siempre que no sean considerados reos peligrosos.
El próximo gobernador Sinaloa destacó que tomando en cuenta lo anterior, el decreto posee un criterio sumamente importante: “no podrán ser liberados reos peligrosos”, es decir sólo quienes estén por causas menores, y habrá que revisar cada caso porque, por ejemplo, la Ley establece que nadie que haya cometido algún delito patrimonial menor puede ser liberado, en caso de que lo haya hecho con el uso de la fuerza o con violencia.
Rocha Moya consideró que aún habría una serie de criterios que deben regular el texto del decreto propuesto por el presidente, y al cual se suma por considerarlo un tema muy importante para impartición de justicia en México.
“En este se debe establecer la coordinación con los poderes; con el Judicial particularmente para efectos de que se aplique esta Ley, ya que el Poder Judicial lamentablemente no ha ido al fondo de los casos, y no ir al fondo supone hacer que el inculpado esté esperando una sentencia que nunca llega, pero sí en cambio en los hechos, está pagando una pena que no se le ha dictaminado como certera”.
